MUERTE EN LA SELVA por Javier Zorrilla

MUERTE EN LA SELVA
UNA TRAGEDIA QUE PUDO EVITARSE

Para los que creemos que la vida humana es un bien sagrado, su pérdida resulta un sacrilegio y una ausencia triste e irreparable. ¿Por qué no se suspendió el proceso de promulgación, especialmente cuando la Defensoría del Pueblo había determinado ya la inconstitucionalidad de los decretos? Ahora la sangre llegó al río. Y la suspensión de garantías en el oriente peruano, junto con la represión, agregará más violencia a la violencia y más sufrimiento a la tragedia
En un sistema corrupto, dominado por poderes fácticos, los pueblos se ven obligados a hacer valer sus derechos recurriendo a medidas extremas. Ahora es Bagua, antes fue Majaz, Moquegua, Tambo Grande, Cajamarca… Las mesas de diálogo son mesas para distraer a la población, para fingir democracia y para legitimar actos sin transparencia, en los que los beneficios y perjuicios para la población no son verdaderamente esclarecidos, ni dan lugar a opciones y procesos efectivos y fiscalizados de verdadero desarrollo humano.
El gobierno quiere imponer su “modelo de desarrollo”, desoyendo al pueblo. Y frente a la oposición social reacciona con la degradación, la represión y ahora el genocidio. La criminalización de la protesta social no es una salida y la persecución del líder indígena Alberto Pisango solo acrecentará la furia popular. Tampoco le servirá al gobierno seguir culpando al partido de la oposición o a gobiernos extranjeros. Todo ello para justificarse. Para no asumir su responsabilidad de querer imponer una política cuya consecuencia final ha sido que peruanos inocentes terminen matándose entre sí.
Los problemas de las minorías étnicas y los pueblos originarios no son bien resueltos dentro de los sistemas autoritarios o democráticos formales. Los pueblos no se sienten representados por gobiernos que prometen una cosa y hacen otra. Ni confían en cúpulas cegadas por el destello del oro indiferente y asesino. Ni se sienten protegidos por instituciones vulnerables a la corrupción y sin verdadera capacidad de fiscalización.

La Defensoría del Pueblo ha establecido que el DL 1064 vulnera los derechos constitucionales de propiedad de la tierra y de consulta previa a los pueblos indígenas (convenio internacional 169). Ninguno de los decretos en cuestión fue realmente consultado, ni cuenta con la imprescindible licencia social. Entonces, lo sensato era y es suspenderlos o derogarlos.

Parece imperativo reformar la constitución para darle la máxima importancia a los mecanismos - no intermediados ni deformados - de una democracia directa: la consulta popular, el plebiscito y el referéndum ilustrados, es decir, con previa campaña de información. Todos los involucrados deben conocer las diferentes opiniones técnicas y políticas, expuestas por sus representantes, con las mismas oportunidades, en los diferentes medios de comunicación.
Asimismo, es necesario subsanar la debilidad de los organismos supervisores y fiscalizadores del Estado, vulnerables a la corrupción que instala la dictadura del dinero. Porque no son los derechos humanos los que deben ajustarse a un modelo económico, a un régimen político, a un patrón cultural determinado o a una metodología de dominación social. Por el contrario, son éstos los que deben encajar sus procedimientos en los derechos humanos, entendidos como oportunidades no violentas y reales de desarrollo, y no como simples aspiraciones sin sustento jurídico y social.
Esperemos que el Perú encuentre la serenidad y la sabiduría del caso para iniciar un proceso de paz real, en el que el buen conocimiento lleve a la justicia, a la compasión y a la reconciliación nacional.
Javier Zorrilla Eguren
Lima, 9 de junio de 2009